El propio Presidente de la Nación sostuvo hace pocos días en Puerto Iguazú, en el confín de la República, que en Argentina rigen plenamente los Derechos Humanos, denunció también una campaña de difamación contra nuestro país en el exterior
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Cabe frente a esto preguntarse: ¿Quiénes difaman? ¿Los que matan o los que denuncian las muertes?
La preocupación del General Videla es loable, pero requeriría un mayor empeño –y no decimos que no lo haya, pero es obviamente insuficiente- para aprehender a los culpables del desprestigio internacional del país y de la conculcación evidente de los Derechos Humanos.
La necesidad de frenar el deterioro de la confianza ciudadana mediante una firme conducción, que devuelva al Estado la plenitud de los atributos que lo caracterizan, ha sido reiterada desde diversos medios de opinión. Y ninguno de ellos puede siquiera ser sospechado de concomitancia política o ideológica con la otra forma de terrorismo.
Esta coincidencia de criterios surge de la atenta lectura de sendos discursos del Presidente, 30 de marzo ("sólo el Estado habrá de monopolizar el uso de la fuerza"); del comandante de Aeronáutica, Brigadier Agosti ("que el monopolio de la fuerza sea ejercido por el Estado y puesto al servicio de los intereses permanentes de la Nación") y –en definitiva- del jefe supremo de la Marina de Guerra, que en posterior declaración hizo suyos los conceptos del titular de la Aeronáutica.
Todos de acuerdo en los conceptos. Falta que las acciones se encaminen a la concreción de los mismos. Es el clamor popular. Es la única salida. Caso contrario nadie tiene derecho a quejarse de pretendidas campañas difamatorias.
Por otra parte, la falta de difusión de diversos hechos –y los nombres que no se han dado de los muertos de Pilar son unas entre tantas omisiones- pone una sombra de dudas sobre el real propósito del gobierno de terminar con esta lacra. ¿Por qué no se publican estos datos?
¿A quién se beneficia con el silencio?
Sería bueno que el Presidente de la Nación dedicara aunque más no fuera, breves conceptos a responder estas acuciantes preguntas. Los ex legisladores de la UCR han aparecido. En un confuso episodio se los rescata por parte del Gobierno, de manos de delincuentes a los doctores Solari Yrigoyen y Amaya. Y como corolario de este lamentable episodio, ambos son arrestados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
¿Quién los tuvo? ¿Para qué los tiene ahora? ¿No los rescataron de manos de delincuentes?
Esperamos también una respuesta a esto.
El secuestro de los ex legisladores de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Aabel Amaya, juntamente con la aparición de 30 cadáveres dinamitados en la localidad de Pilar, a pocos kilómetros de la sede del Gobierno Nacional, han sido los picos fundamentales de la escalada terrorista de los últimos años.
Pero hay otro que nunca ha tenido baja alguna, ni mucho menos aún, siquiera un apresado o detenido. Y no cabe duda que este terrorismo hace más daños al país que el otro, el definido y perseguido. Porque aquél –el que secuestra a los legisladores radicales, entre otras muchas personas-, es el que siembra la duda sobre la real acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a favor del orden y la paz perturbadas.
Recientemente, el Episcopado Argentino se ha reunido, con la presencia del representante papal, para pedirle el esclarecimiento de los hechos que también han costado la vida de varios sacerdotes en Buenos Aires y La Rioja, y también para manifestar todos los hechos similares ocurridos en el país.
